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viernes, 5 de septiembre de 2014

El papel transformador de la innovación

El papel transformador de la innovaciónLa innovación ha estado históricamente asociada a cambios tecnológicos y a la organización social de la producción para aumentar la productividad o la creación de productos nuevos. Los especialistas afirman que también debe favorecer la participación y la inclusión.
Atender necesidades sociales
Por Ariel Gordon * y Cecilia Sleiman **
La innovación ha estado históricamente asociada a cambios tecnológicos y a la organización social de la producción que impactan sobre las capacidades de las empresas individuales y de la economía en su conjunto. Así entendida, la innovación puede suponer una mejora de los procesos que aumentan la productividad (producir un bien o servicio de manera más eficiente, con menores recursos) o la creación de productos nuevos, generando mercados antes inexistentes. Sin embargo, en el último tiempo se ha ampliado el concepto de innovación para dar cuenta también de los impactos sobre las capacidades para dar respuesta a las necesidades sociales. El concepto de innovación social da cuenta de estos cambios.
Pero el asunto es más complejo, porque se utiliza para referirse a fenómenos sociales distintos, tales como la capacidad de responder a demandas sociales de manera novedosa, de fortalecer o crear nuevos vínculos, como así también para la orientación social de la creación y el uso de la tecnología. Esto es, la creación de tecnología para atender demandas sociales concretas (desde pantallas táctiles para personas ciegas, hasta máquinas agrícolas de pequeña escala para la agricultura familiar) antes que para mejorar la productividad o la competitividad de las empresas.
El término innovación social dialoga con otros enfoques que amplían más aún el campo, tales como la innovación inclusiva, innovación abierta, innovaciones de base, tecnologías sociales, entre otros. Estos conceptos refieren a innovaciones que son de carácter social tanto en sus fines como en sus medios, porque no sólo satisfacen una demanda sino que también empoderan a los actores sociales en el mismo acto, otorgando mayor autonomía y creando nuevas capacidades en la sociedad.
Las altas tasas de desigualdad en el mundo, las crisis económicas y financieras en los países centrales, y los desafíos y deudas pendientes de las economías en desarrollo revelan la necesidad de impulsar nuevos abordajes que respondan a las demandas de la sociedad y promuevan el empoderamiento social. Las políticas públicas de innovación social aparecen como una alternativa potente para responder a estos desafíos. Existen en Argentina experiencias de apoyo al desarrollo de las tecnologías para la inclusión social, tanto desde las políticas públicas (por ejemplo, el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social del Ministerio de Ciencia), como desde organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, la RedTISA). Se trata de impulsos valiosos de apoyo a proyectos de pequeña escala en temas amplios y diversos como la economía social, la agricultura familiar, la inclusión de personas con discapacidad y el hábitat. Estas iniciativas son posibles gracias al trabajo con organizaciones sociales y de productores, que permiten construir los vínculos que logran generar un impacto y las vuelvan perdurables en el tiempo.
El desafío para el escalamiento de estos proyectos reside en el carácter específico de este tipo de experiencias. ¿Cómo llevar un potabilizador solar de agua a más comunidades y lograr que incorporen un agua libre de arsénico para consumo y producción? ¿Cómo transportar una tecnología de construcción de viviendas en madera a una zona con una variedad forestal diferente y otros actores participantes? No se trata sólo del desafío tecnológico, sino fundamentalmente de la red de relaciones sociales que las sustentan y permiten la réplica o escalamiento. Si bien es necesario saber cuál es el núcleo que se quiere replicar, se debe tener en cuenta también el nivel de participación de la comunidad, el Estado, las organizaciones sociales, la estrategia de gestión de los recursos, el acompañamiento, el monitoreo y, muy importante, cuáles son los cambios esperados en las políticas públicas –en sus diferentes niveles– para lograr el impacto esperado.
No es una cuestión que atañe únicamente a las áreas de Ciencia y Tecnología, sino que requiere de un entramado mayor de compromisos que den impulso a este tipo de transformaciones. Parafraseando la clásica expresión de Amílcar Herrera acerca de las políticas explícitas e implícitas en ciencia y tecnología (para referirse a las políticas específicas de ciencia y tecnología en el primer caso, y a las políticas económicas, educativas, industriales, sociales, en el segundo), se trata, en América latina, de pasar de las políticas explícitas en innovación social a las políticas implícitas. Es necesario potenciar la articulación de las políticas llevadas adelante desde diferentes áreas del Estado, tales como ciencia y tecnología, salud, educación, desarrollo social, agricultura e industria, así como también desde empresas que brindan servicios públicos, como telefonía o energía, para así diseñar e implementar acciones conjuntas que incorporen el enfoque de innovación social. Al igual que la innovación empresarial que tiene un componente tecnológico –aunque no se reduce a ello—, la innovación social también lo requiere, pero además es fundamental profundizar la articulación entre las políticas públicas de todas las áreas para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos y lograr un mayor bienestar del conjunto de la sociedad.
* Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente Universidad Nacional de Quilmes.
** Licenciado en Ciencia Política (UBA).
Favorecer la inclusión
Por Mariano Fressoli, Anabel Marín, Patrick van Zwanenberg y Valeria Arza *
Es común afirmar que la inversión en ciencia y tecnología favorece el bienestar general y el desarrollo social. Lo cierto es que, en la práctica, las políticas de ciencia y tecnología se orientan principalmente a la generación de conocimientos con aplicación comercial y a la transferencia de tecnología a empresas. Dados los persistentes niveles de desigualdad en nuestro país y las dificultades de la población para acceder a bienes básicos como agua, saneamiento, salud y vivienda, es esencial que la ciencia y la tecnología contribuyan concretamente al desarrollo y la inclusión social. Para ello, se requieren políticas de ciencia y tecnología que se orienten en este sentido.
Generar procesos de inclusión con herramientas de ciencia y tecnología no es una tarea sencilla. Esto se debe en parte a que existen diferentes formas de considerar qué es inclusivo. Por ejemplo, se pueden fomentar procesos de inclusión como resultado donde se crean tecnologías que resuelven un problema específico como en el caso de la producción de vacunas. Una segunda forma construye a la inclusión como proceso en el cual los actores participan y contribuyen con sus conocimientos y experiencias a una solución tecnológica. Esta diferencia entre inclusión como resultado e inclusión como proceso de participación no siempre es apreciada por las políticas de ciencia y tecnología. Y su confusión puede generar consecuencias indeseadas para los procesos de inclusión.
Un ejemplo reciente de este problema es el programa Un millón de cisternas en Brasil, creado por la Articulación Semi-árido, una organización de base del nordeste de Brasil. El programa pretendía proveer acceso a un recurso básico al mismo tiempo que empoderaba a los campesinos. Se trataba de romper así con el paternalismo de los barones locales que intercambiaban camiones de agua por favores políticos. Para ello promovieron el aprendizaje en la construcción de la solución tecnológica: cisternas que acumulan y conservan el agua de lluvia. Apoyado por la Red de Tecnología Social, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Brasil, se llegaron a construir más de 500 mil cisternas. Sin embargo, en 2011 el gobierno decidió acelerar el programa mediante la compra de 300 mil cisternas de plástico a proveedores comerciales. Esta sencilla solución tecnocrática no tuvo en cuenta la importancia del proceso de participación. Y amenazó con revertir el proceso de empoderamiento y autonomía, recreando aquellas asimetrías de poder que se pretendía evitar. Este caso muestra la tensión entre la necesidad de crear soluciones tecnológicas masivas a los problemas sociales y el riesgo que implican los enfoques paternalistas.
Para evitar este dilema es preciso construir enfoques de ciencia y tecnología para la inclusión que consideren desde el inicio la premisa de la participación social. Se puede aprender mucho de los logros y limitaciones de aquellos movimientos sociales que hacen eje en la construcción de tecnologías de forma democrática. Algunos ejemplos son: la mencionada Red de Tecnologías Sociales en Brasil, el Movimiento de Ciencia para la Gente en la India, los movimientos de software libre o las experiencias colaborativas en algunas redes de fabricación 3D. Estas experiencias muestran que la participación en el diseño de tecnologías empodera a los actores y permite construir caminos alternativos de desarrollo e inclusión.
Al mismo tiempo, estas experiencias demuestran que otros actores de la sociedad también pueden contribuir a la producción de conocimiento y tecnologías y co-construir soluciones junto con las instituciones formales de ciencia y tecnología. Afortunadamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conicet y algunas universidades públicas han creado programas y proyectos que van en esa dirección. Se trata de utilizar conocimientos y tecnologías disponibles (o posibles) con el fin de resolver problemas de exclusión. Su financiamiento todavía es pequeño. Es preciso aumentarlo si se quiere producir un impacto tangible. ¿Será posible entonces transformar estos proyectos en políticas públicas a largo plazo de ciencia y tecnología para la inclusión? ¿Será factible equiparar la inversión en ciencia y tecnología para empresas con producción de conocimientos para la inclusión social y la democratización de la ciencia?
Consideramos que este cambio es posible y necesario. Por supuesto, se necesita más apoyo político y social. No sólo eso, se debe explicitar como objetivo el aumento de la participación y la democratización del conocimiento. A largo plazo, la creación de estas políticas es clave si se quieren evitar nuevas formas de desigualdad en una sociedad cada vez más atravesada por la economía del conocimiento, el aprendizaje y la innovación.
*Centro Steps-América latina
Extraído de http://www.pagina12.com.ar

España: El mercado inmobiliario de lujo muestra signos de recuperación

Foco inmobiliario de inversión en Ibiza. LUCAS FOX
 Los precios en el sector inmobiliario de lujo en España se han mantenido estables en el primer semestre de 2014, según la agencia inmobiliaria Lucas Fox de Barcelona. Las transacciones aumentan en todas sus zonas de referencia a medida que se reduce la brecha entre los precios de salida y de venta. Los clientes internacionales representan el 90% de las ventas de Lucas Fox y el interés de inversores de Lejano Oriente y de Oriente Medio cobra impulso. Los compradores del norte de Europa han vuelto a entrar en el mercado gracias a los precios bajos y a las oportunidades de inversión.

Barcelona

En Barcelona, la media de precios de venta de propiedades de lujo en el segundo trimestre de 2014 fue de 4.237 euros por metro cuadrado, una cifra ligeramente superior a la de 2013.

"El mercado de Barcelona ha seguido mejorando en los dos primeros trimestres de 2014 y los compradores tienen mucha más confianza, especialmente los internacionales. Los precios se han estabilizado y la cantidad de transacciones aumenta gradualmente. Los vendedores son más realistas y los precios de salida se han reducido en consonancia con las expectativas de los compradores", según Alexander Vaughan, cofundador de Lucas Fox.

Ibiza

El mercado residencial de Ibiza continúa creciendo con fuerza, con un aumento de transacciones en comparación con el mismo periodo de 2013. Los precios de las propiedades de lujo en algunas zonas importantes empiezan a aumentar a medida que la demanda supera la oferta. El interés de parte de compradores estadounidenses se ha duplicado.

La directora de la compañía en la isla, Amanda Martí, señala que "el atractivo constante de Ibiza es definitivamente su estilo de vida único" y detecta que "ha aumentado significativamente la demanda de parte del mercado asiático, principalmente de compradores coreanos y chinos".

Costa Brava

"La recuperación continúa ganando terreno en la Costa Brava con un aumento en la actividad de ventas a lo largo del mismo periodo en 2013. El mercado sigue impulsado casi exclusivamente por inversores internacionales privados procedentes del norte y del este de Europa, atraidos por los precios competitivos", según Tom Maidment, director de Lucas Fox Costa Brava.

Marbella

Los clientes británicos siguen siendo el conjunto más grande en esta zona, junto con los procedentes del norte de Europa y Rusia. Muchos proyectos que estaban en manos de los bancos actualmente han sido comprados por fondos de inversión a precios significativamente rebajados.

"La tendencia positiva de transacciones inmobiliarias que empezó en la segunda mitad de 2012 ha continuado en la primera mitad de 2014. La mayoría siguen centrándose en zonas codiciadas cerca de Marbella, Puerto Banús y la playa.", según apunta Stephen Lahiri, el director de Lucas Fox Marbella.

Mallorca

"Estamos experimentando un aumento en la demanda de casas rurales pequeñas. Muchos compradores e inversores adquieren propiedades con la intención de alquilarlas en el mercado vacacional. Las villas de verano en zonas desarrolladas en el suroeste de Mallorca también se están vendiendo bien: la mayoría de entre 1,5 y 2,5 millones de euros", según Rafael Calparsoro, director de Lucas Fox Mallorca.

Fuente: Elmundo.es

Mexico: Remates inmobiliarios, ¿oportunidad o riesgo?

Obtener un inmueble mediante un remate judicial puede implicar pasar por un trámite para desalojar a sus ocupantes. (Foto: SXC)
 Para alguien que no tiene el capital suficiente pero desea hacerse de un bien inmueble, los remates judiciales pueden ser una opción para adquirir uno hasta 50% por debajo de su precio de mercado.

Las también llamadas subastas bancarias surgen del incumplimiento de pago de hipotecas y juicios de otra índole, en las que comparecen ante un juez diversos postores para adquirir un bien inmueble.

“Es una oportunidad pero también implica ciertas complicaciones”, comentó Javier Pérez Almaraz, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Si bien pueden ser una buena opción de inversión existen riesgos que los participantes deben considerar, por lo que se recomienda buscar la asesoría de un abogado o un notario.

Antes de hacer cualquier operación y un desembolso es importante conocer las condiciones del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y verlo físicamente, apuntó Almaraz. Además de pedir a un notario que calcule cuánto implicará el pago de derechos, impuestos y honorarios, para saber si en verdad es una buena oportunidad.

Este tipo de operaciones son en efectivo y no se pueden utilizar créditos hipotecarios.

Para participar en una subasta los interesados deben pagar 10% del avalúo judicial de la propiedad mediante un billete de depósito que expida el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Ese pago permitirá a los postores comparecer ante la audiencia de remate para ofertar.

El dinero se devolverá a las personas que hayan perdido la subasta mediante transferencia bancaria en un plazo menor a cinco días.

El juez es el responsable de proteger los derechos de los posibles compradores. El dará la resolución de la subasta y quien la gane firmará ante él el título de propiedad del bien para después escriturarlo.

El ganador tramitará la escritura ante un notario para cerrar la operación de compra. Este debe hacer constar que el inmueble está libre de gravámenes y de no adeudos, además de obtener un avalúo.

El pago de impuestos prediales y agua que se adeuden, traslado de dominio, gastos de escrituración y notariales corren por cuenta del comprador. “A veces los montos que tienen que pagar son muy altos y los notarios hacen la retención, ya que la ley establece la obligación de pagar los impuestos de toda operación de transacción de dominio”, advirtió Almaraz.


El problema del desalojo


Con la escritura en mano, la persona ya es propietaria del inmueble pero eso no quiere decir que pueda tomar posesión del mismo y esto puede ser quizá la mayor complicación de un remate.

Aunque se tenga el título de propiedad, si hay personas que aún ocupan el inmueble debe hacerse un trámite de desalojo. “Finalmente implica un litigio y puede tardar mucho. No se puede garantizar que el trámite sea ni muy rápido, ni muy ágil”, aclaró Almaraz y agregó que el tiempo puede depender de la agilidad del despacho litigante.

Varios despachos de abogados se especializan en este tipo de transacciones y ofrecen asesoría para lograr la adjudicación y la posesión jurídica y física del bien inmueble.

Antes de contratar alguno es importante saber su experiencia legal y trayectoria en este tipo de operaciones y negociar sus honorarios. Si en la subasta sube el precio de la propiedad se puede negociar con el abogado los honorarios. Hay que pactar con el abogado antes de la subasta.

Fuente: CNN Expansión